miércoles, 15 de abril de 2015

“El altierismo no solo fue corrupción, fue el desguace del Estado”

ENTREVISTA AL CONCEJAL LUCAS VENTOSO (PRIMERA ENTREGA)

Tras la denuncia del Dr. Lucas Ventoso y concejal de la UCR (hace ocho meses) el ex secretario de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Pinamar, Juan Alberto Morales, fue procesado por “Violación a los deberes del funcionario público previsto y penado en el artículo 249 del Código Penal”.

El 8 de abril pasado, el fiscal Juan Pablo Calderón citó a declarar y procesó a Morales a partir de “existir elementos suficientes e indicios vehementes sobre el hecho de que Alberto Morales ordenó el 8 de julio de 2014 la apertura de la calle Costanera Almirante Brown entre Juan de Garay y Falucho San Martín, omitiendo intencionalmente dar cumplimiento a la ordenanza 2571/00, la cual establece el procedimiento previo a toda modificación planialtimérica y/o movimiento de arena en bienes de dominio público nacional”.

Recordemos que esta maniobra desencadenó un escándalo al conocerse que la apertura de la calle era para favorecer el emprendimiento hotelero de los testaferros de los funcionarios del Gobierno municipal: Paula Pitbladdo (esposa del intendente Hernán Muriale), Silvia Agostini, (esposa del secretario de acción social, Juan Santoiani), Gonzalo Ugartemendía (hijo del director MarioUgartemendía) y Javier Altieri (hijo de Don Blas Altieri). Por otro lado la exposición mediática y la participación de los periodistas de CQC ocasionaron que Muriale renunciara a la intendencia por las presiones familiares.

Desde esa intervención corrió mucha agua bajo del puente, procesamientos, renuncia de Muriale, asunción del quinto concejal de la lista altierista a la intendencia de Pinamar, alejamiento de funcionarios, acusaciones cruzadas, supuestas amenazas de muerte, funcionarios paracaidistas y maniobras del Gobierno poco claras.

A pocos meses de celebrarse las primarias, PinamarInfo dialogó con Lucas Ventoso, responsable de quitarle el sueño a más de un funcionario acusado de corrupción. 

“Este hecho surge a mediado el año pasado cuando los vecinos me avisan del movimiento de arena realizado durante un fin de semana que dio como resultado la apertura de una calle con una traza de 40 metros de ancho por 150 m de largo, en la localidad de Valeria Mar” explica Ventoso.

“Entonces me comuniqué con Daniel Lamas, director de Ecología, y el ingeniero del área, José Devriens, quienes no estaban en conocimiento de la acción. Lo que constituía la primera trasgresión ya que la traza de la calle debía contar con la supervisión y aprobación de Ecología como lo expresa la ordenanza”.

La pesquisa llevó a Ventoso a tomar vista del expediente que solicitaba la apertura de la calzada y en cuyas fojas constaba el fideicomiso a nombre de Paula Pibladdo, esposa del entonces intendente, Hernán Muriale 

“Muriale ignoraba que yo estaba al tanto del fideicomiso, por eso, negaba su participación”, aclara Ventoso. “A partir de allí se inician dos investigaciones, una que tiene que ver con la procedencia de los fondos y otra, que trata sobre la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron la variación altimétrica y el movimiento de arena. El caso de Alberto Morales se circunscribe a su responsabilidad como funcionario público (secretario) de la Secretaría de Servicios Urbanos, siendo el que ordenó la apertura de la calle sin el dictamen previo de la Dirección de Ecología como lo establece la ordenanza”.


-Un rasgo que destaca Ventoso del procesamiento de Morales, es la rapidez del procedimiento.

-Esto es claramente un quiebre. Un antes y un después, un mensaje del Ministerio público Fiscal que está diciendo: Ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pisotear la ley y hacer del Estado algo para beneficio propio sin consecuencias penales. Esto pasó históricamente en Pinamar, llegando al umbral de la impunidad con la demostración de las casas sociales: venden los lotes, proveen los materiales, se quedan con las casa, las reparten en su entorno, las alquilan y en la actualidad, aun las tienen en su poder. Ese fue el extremo de la impunidad. Hoy, claramente, el mensaje es otro, no hay inmunidad para los funcionarios. 

En un rápido repaso del listado de funcionarios altieristas involucrados en hechos de corrupción surgen muchos nombres, desde el propio Altieri y el abogado con influencias Eduardo Oricchio hasta Juan José Rodríguez, Hernán Muriale, Alberto Morales, Juan Santoiani, Mario Ugartemendía,  Jorge Yeza (procesado por coacción agravada a los periodistas), Héctor Manso, Roberto Baena, Carlos Bucheli y Leandro Sarobe; descendiendo en la línea de mando están Enrique Arias, Juan Cáseres, Jorge Liberanome y Marcelo De Marco.

 “Ni hablar de la cadena de encubrimiento que es enorme, sin ella  no hubiera sido posible la corrupción”, dice Ventoso y menciona a “Alberto Canissa y Raquel Almonacid” en relación al robo de la arena de la calle Saavedra en Ostende, hecho que tiene como imputado a Mario Ugartemendia. “Se les ocurrió decir que los trabajos correspondía a una obra hidráulica” ironiza el Concejal.

El abogado que se propuso desnudar décadas de corrupción en Pinamar, advierte que según  el avance de las investigaciones y las pruebas presentadas se aproximan más procesamientos. 

-El retrato de los acontecimientos se asemeja a la ficción. ¿Crees que la ciudadanía toma conciencia de este Estado corrupto que se acantonó en los 90?

-Es un estado Mafioso, el crimen organizado se apoderó del poder político de Pinamar. Sino mira lo que paso con José Luis Cabezas en el año 97. Altieri defendía a Gomez (comisario Pinamar) porque era su amigo y decía que no podía estar involucrado en asesinato. Finalmente fue condenado a reclusión perpetua por homicidio calificado.

Tiene implicancias directas que el Ministerio Público local actué. A mí me pasó con el boleto estudiantil. Primero realicé la denuncia administrativa en la Municipalidad, eso permitió poner en conocimiento a los funcionarios, y después formulé la denuncia penal por incumplimiento a la norma. El resultado fue que en 48 horas se estaba aplicando el boleto. Al Municipio llegan permanentes los oficios, y el Intendente sabe que ya no hay carta blanca.

-Hace un año, poco antes de la renuncia de Muriale, el actual Intendente, Pedro Elizalde, te acusaba de arrastrar a Pinamar en los medios nacionales con las denuncias penales y defendía a sus predecesores.  Hace muy pocos días, en ocasión de la sesión inaugural en el Concejo, dijo de manera antagónica: “El estado fue cooptado por empresarios en función de sus propios intereses. El aparato estatal se convirtió en un instrumento de los intereses de las clases”. ¿Cómo se entiende este abrupto cambio de posición?

-El cinismo de Pedro Elizalde es superlativo. No puedo compararlo con Altieri o con Muriale, porque claramente está en otra jerarquía organizativa de toda esta impunidad. Pero el discurso de Elizalde es hipócrita, porque los otros no cuestionaban para atrás. Ni Altieri cuestionaba a sus funcionarios, ni Muriale enjuiciaba a Altieri. En cambio Elizalde los cuestiona, dice Nosotros venimos de la década más corrupta. Pero hasta hace un mes estaba inmerso en una situación de corrupción, con la publicidad del verano, en la que estaba implicado su secretario de Gobierno (Sebastián Otegui) que a la vez acusaba a Elizalde de darle la orden de cobrar ilegalmente unas contribuciones. Milanessi (secretario Servicios Urbanos) se va en medio de otro escándalo de corrupción. No tuvimos las pruebas contundentes, pero las acusaciones cruzadas y la circular que facultaba a Otegui a concentrar el manejo de la publicidad y habilitaciones, junto con Mansilla, te muestran que el Intendente no puede estar ajeno. Les dio a dos desconocidos sin antecedentes la mayor responsabilidad de recaudación del Partido de Pinamar.Por otro lado, Elizalde tuvo de asesor, mientras era concejal, a un ñoqui que se hacía pasar por abogado como Armando Gonzales Oro. Ese discurso era para un opositor esmerado con mucha memoria y participación, no para alguien que fue del riñón del altierismo y de Muriale. Nunca realizó ninguna denuncia, ni cuestionamiento público de la corrupción.

Primera entrega 

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