CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES 2011 "EL JAPO" CUIDA LAS ESPALDAS DE BALDINI Y PARCE |
A poco más de 300 kilómetros de Florencio Varela se levanta una de las playas más glamorosas de la Costa Atlántica: Pinamar. Destino turístico de grandes empresarios de la Argentina, políticos de renombre y una clase media acomodada, el lugar ostenta con sus fabulosas casas de veraneo. Pero tiene un costado oculto que por primera vez un “arrepentido” se anima a contar en detalle. Se trata de la supuesta ruta de la plata sucia en la que estarían involucrados dirigentes políticos de peso en la ciudad balnearia.
REUNIÓN CON EL INTENDENTE HERNÁN MURIALE "EL JAPO" ACOMPAÑÓ AL CONCENEJAL ALBERTO GERMAIN |
Alojado en una celda de la cárcel de Ezeiza, Aguirre siente que “le soltaron” la mano y comienza a revelar los supuestos detalles de un negocio oscuro que, sólo en la temporada pasada, habría superado la suma de cuatro millones de pesos. Todo, según sus propias declaraciones, en negro.
“El Japo” se mudó de Varela a Pinamar en el año 2007. En la costa no fue un militante más. En su “militancia” fue escalando posiciones hasta llegar a ser parte de un nexo importante entre algunos estamentos provinciales y el, hasta hace poco días, presidente del Concejo Deliberante Alberto Germain, a quien definió como “un flan” político.
Sus “contactos” políticos hicieron que Aguirre accediera a una licencia de remis que habría sido otorgada por el HCD de Pinamar.
“Yo me encargaba de apretar a los puesteros que no pagaban” confesó Aguirre en diálogo exclusivo con Infosur aunque aclaró que “nunca me quedé con dinero, sólo los presentaba”, dijo.
Los puestos son carros distribuidos a lo largo de la playa que no contarían con la habilitación correspondiente. “Son unos 80 de panchos, licuados, jugos y ropa”, confesó Aguirre. “Para entrar al negocio tenés que hablar con Quique Arias, que también es el encargado de cobrar”, subrayó “El Japo”. Para brindar más detalle contó que esos carros están “identificados con una pantera y está pintado de colores”.
Siempre según las declaraciones de Aguirre, en la temporada pasada esa ruta del supuesto negocio sucio habría dejado una suma cercana a los 420000 pesos que van a parar a las arcas de los dirigentes políticos y apunta directamente al intendente Muriale, como depositario de la plata sucia.
Pero Aguirre apunta más detalles: para entrar cada puesto tiene que poner “cinco mil pesos” y pagar un supuesto canon de 150. “Cada carro puede llegar a hacer unos tres mil pesos por día”, confió.
Por otra parte, señaló que grandes marcas pusieron “en la temporada pasada más 150 mil pesos”, aumentado el supuesto cobro en negro.
Estas supuestas irregularidades ventiladas por Aguirre desde la cárcel de Ezeiza salpican también a la policía y más específicamente a la DDI de Villa Gessell “Los CDs truchos, las remeras de marcas y esas cosas se pagan en la DDI que también están metidos”, remarcó en la charla con Infosur.
Las denuncias del “arrepentido” están en consonancias con una investigación penal que presentó en enero de este año el abogado Lucas Ventoso, según publicó la agencia periodística Agepeba.
El 18/01, Ventoso presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Pinamar -a cargo de Juan Pablo Calderón- para que se investigue "la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, trata de personas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público eventualmente cometido por funcionarios públicos de la municipalidad de Pinamar". Todos estos, delitos indispensables para cometer la trata de personas y para la cual se requiere de la participación de más de tres personas o autoridades municipales, tal como lo denuncia el abogado.
Ventoso menciona como funcionarios administrativa y penalmente competentes y responsables de los hechos denunciados al intendente interino, Hernán Muriale, al director de Fiscalización de Pinamar, Roberto Baena, y al coordinar de Playa, Enrique Arias, "sin perjuicio de la responsabilidad penal de otros funcionarios municipales como inspectores municipales y policiales que han omitido de manera deliberada su deber legal de control para permitir la consumación de los hechos".
Los hechos que fundamentan la denuncia del abogado se inician en diciembre de 2012 "con el reclutamiento de la mano de obra (vendedores ambulantes). Estos vendedores, en su mayoría, provienen del conurbano bonaerense, según los dichos de los mismos vendedores".
Tal como informa Ventoso en su denuncia penal, "este reclutamiento de vendedores ambulantes se efectuó con el propósito de explotarlos laboralmente en las playas del partido de Pinamar durante la presente temporada". Ventoso alega que esta información se la brindaron los mismos trabajadores que se encuentra hacinados en una precaria casilla entre el parador UFO Point y Bacota. "El mismo vendedor también me manifestó que fue traído hasta aquí mediante engaño, ya que ninguno de ellos sabía que iban a vivir en una casilla como ésa, ´yo soy un mulo´, -me dijo, ´tengo que dormir donde sea…'", expone en su denuncia el abogado Lucas Ventoso.
Estos vendedores ambulantes, "sin permiso municipal, venden mercadería que les proveen a un precio de $15 por gaseosa, de los cuales $5 son para el vendedor y los restantes $10 se lo entregan a una tercera persona que no han podido identificar".
Ventoso explica que "una parte de estos vendedores ambulantes duermen hacinados durante todas las noches en dos casillas precarias de madera aglomerada, construidas ilegalmente sin permiso del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, sobre el espacio público del frente marítimo, asentada directamente sobre el suelo de la playa, sin luz, ni agua, ni baño". Y agrega que "están expuestas públicamente a la vista de todos los que circulen por la avenida del Mar o por la playa". Quien recorra la playa, podrá constara esta información.
Una de estas casillas se encuentra en el sector más concurrido de las playas de Pinamar: Av. del Mar y de las Artes y la otra en la Av. Del Mar, frente al muelle, entre la Prefectura Naval Argentina y la Dirección de Seguridad en Playas de Pinamar. Diversas fuentes que solicitaron mantener el anonimato informaron que los que atienden los puestos "sacan luz" de esta Dirección municipal para alimentar los freezers y confirmaron que cuentan con el beneplácito de los funcionarios responsables.
El abogado denunciante remarca "el peligro inminente en la vida de las personas que duermen hacinadas allí, más aún si dentro de las casillas duermen bebés, dado que en el caso de que se incendie un colchón por el uso de fuego (no tienen luz eléctrica), la madera arderá en segundos". Ventoso alertó a la Fiscalía, que "había una madre con un bebé de meses en un canasto dentro de la casilla" ubicada a metros de UFO Point.
A esta grave situación, se agregaría el reclutamiento de menores, lo que implica una clara violación a los tratados internacionales que defienden los derechos de la infancia y de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños y los Adolecentes (Ley Nº 26.061) cuyo objeto es "la promoción y protección integral de los derechos de los niños". Derechos que el Estado debe garantizar promoviendo "la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su efectiva participación en la comunidad".
Recuadro
¿Prostitución?
Aguirre jura y perjura que “no tiene nada que ver con la trata de personas”, causa por la que está detenido. Dos adolescentes lo responsabilizaron por obligarlas a prostituirse en una denuncia de la que también participó su hijo. “Fue un conflicto familiar, yo no tengo nada que ver, nunca traté con el tema de las prostitutas”, señala en la charla.
Las hermanas, cuyas declaraciones son “muy precisas”, vivían con su abuela en Florencio Varela. Un vecino les ofreció trabajo en Pinamar y al contar con la aprobación de su tutora, un hombre las trasladó hasta el balneario, donde fueron entregadas al hoy imputado Aguirre, quien las llevó a su vivienda, un caserón ubicado en una zona muy cotizada de Pinamar.
“Me dejaron solo”
Aguirre también provocó críticas contra su esposa que vive en Pinamar y a la que acusa de “quedarse con el auto y un amante”. En ese contexto señaló que recibió cartas con “tonos amenazantes” para que no hable. Las autoridades del servicio penitenciario y los denunciados tienen la palabra y deben velar por la seguridad del ahora “arrepentido”.
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