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Un vecino de la localidad de Ostende, Maximiliano Alcaraz, desde hace tiempo lleva adelante un rudimentario reconocimiento catastral de Ostende. El relevamiento le permitió observar que se encuentran usurpados alrededor de 2.100 lotes y según él, más del 90 % cae en manos de extranjeros. El valor en el que venden los lotes alcanzan los 120.000 pesos. Por otro lado señala la complicidad de funcionarios municipales que brindan la información, sobre este suelo con deuda, a los personajes que después concretan el fraude inmobiliario. Los nombres que circulan son los mismos de siempre.
Según el propio Gobierno, en Ostende no hay suelo disponible y esta situación produjo un aumento considerable del valor. Es por ello que hace poco más de un mes el Concejo, apretado por la necesidad, debió aprobar una ordenanza que destina un jardín maternal, con fondos provinciales, en uno de los pocos espacios verdes de la localidad centenaria, cuyo trazado urbanístico fue realizado por los inmigrantes belgas a principio del siglo pasado.
Al mismo tiempo recordemos que el 11 de marzo de 2013 se produjo el allanamiento en el “Estudio Jurídico de Marcelo Taboada”, ubicado en La Plata 922 que se dedicaban a la venta de lotes de manera ilegal. La banda serían autores de más de 50 estafas de sumas millonarias, y actuaba desde hacía siete años en sincronía con sedes en La Plata, Capital Federal y en el conurbano bonaerense. El operativo permitió allanar 17 estudios jurídicos.
Según la pesquisa que maneja Alcaraz los propietarios de una gran porción de lotes son Ostende SRL., una financiera llamada Aprais, y un señor Alberto Rodríguez. Por ejemplo Vertiz S.A. cuenta con 122 lotes de los cuales algunos fueron usurpados.
La operativa para acceder a los lotes es sencilla, se buscan los que tienen deuda, información sine qua non para llevar adelante el fraude, que se filtra desde el Municipio. Tal es el caso, cuenta Alcaraz, de una propietaria (reservaremos el nombre) cuyo lote posee una deuda con el Estado de 53.000 pesos y fue usurpado. En estos casos las autoridades legislativas le proponen al Intendente que tome en guarda estos lotes, que de alguna manera se encuentran en estado de abandono, para evitar la ocupación ilegal, y que en todo caso de quedárselo el Municipio sea utilizado para fines sociales.
En muchos casos quienes acceden a la tierra son familias en situación de vulnerabilidad. Pero en otros, por la celeridad que realizan las construcciones y el equipamiento automotriz que poseen se podrían estar hablando de usurpadores que cierran la cadena de especulación y que no ignorarían el origen de los lotes mal habidos.
“La tierra es una vaca sagrada que no se toca porque es la base del poder de las clases dominantes. (…) Con los precios obscenos de la tierra ni siquiera la clase media puede acceder a la vivienda”, sostiene el arquitecto especialista en planeamiento urbano, Eduardo Reese.
En una comunidad como Pinamar cuya origen fundacional se calculó como un emprendimiento inmobiliario, sobre la base de una programación especulativa, no es de extrañarse que el objeto de los que vienen sea el mismo de los fundadores que trasvasan las generaciones. Ni que hablar de cierta clase gobernante como es el caso del intendente destituido, Blas Altieri, que a través de una estafa al Instituto Provincial de la Vivienda se las ingenió para que sus dos hijas se quedaran con viviendas cuyo destino era el social.
El otro capítulo especulador lo componen los juicios por apremios llevados adelante por el Gobierno municipal. Todas las operatorias son siempre en perjuicio del Estado y para beneficio de unos pocos. Bajo este escenario, se eleva una cadena perversa que intervienen disparejos actores sociales, culturales y hasta económicos. Siendo así el cambio de paradigma resulta difícil, sobre todo cuando se ignora que “la función social de la propiedad prioriza lo colectivo sobre lo individual”.
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