El edil argumenta mediante el documento que el aumento de la tasa durante el periodo del ejercicio 2014 fue efectuado sin la debida y correspondiente aprobación por parte de la asamblea de Mayores Contribuyentes. Tal como lo exige el artículo 193, inciso 2 de la Constitución provincial y el artículo 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). Según la ley, el Intendente se excedió en sus facultades legales violando todos los procedimientos que exige el ordenamiento jurídico. Por otra parte se le imputa la aplicación de un mecanismo ilegal de indexación y/o actualización monetaria del valor de las tasas municipales, expresamente prohibido por la Ley 25.561, articulo N° 4.
El documento aclara que esto es sin perjuicio de la responsabilidad individual de los concejales que han votado dicho mecanismo ilegal en el artículo N° 1 de la Ordenanza 4239/13. Recordemos en que dicha ordenanza el Jefe comunal veto un único artículo, por el cual los ediles mediante un trabajo exhaustivo proporcionaron las herramientas para no desfinanciar el Municipio. Y a la vez intentaron, mediante el artículo mencionado, salir del coeficiente CAPBA que rige los honorarios del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.
La intimación fue formulada bajo apercibimiento penal de incurrir personalmente en los delitos de “incumplimiento de los deberes del funcionario público y abuso de autoridad”.
Ventoso expresó a través de la redes sociales que: “Si Muriale continúa insistiendo en la ilegalidad como forma de gobernar a Pinamar, el asunto será elevado a la justicia penal y al Honorable Tribunal de Cuentas para que se le apliquen sanciones personales al intendente y a todos los funcionarios (concejales y miembros del Departamento Ejecutivo) que hicieron posible esta ilegalidad manifiesta”.
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