EN MEDIO DE LA CRISIS SE REUNIERON LOS EDILES Y EL INTENDENTE CON LA PRESENCIA DE LA PRENSA. SE ABORDARON TEMAS COMO SEGURIDAD Y LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD Y USO DE ESPACIO PÚBLICO
El temario se basó en dos temas centrales, seguridad y la contratación de publicidad y espacio público.
La edila, Mercedes Taurizano inició el interrogatorio con los cambios en seguridad después de los alejamientos de Carlos Mansilla y Sebastián Otegui.
El Intendente explicó que el área quedó a cargo de Alejandro Rustom que hasta ahora cumplía funciones de coordinación entre el área de Seguridad y la policía. Mientras que al frente de la Guardia Urbana quedó el señor Sergio Márquez, el mismo que meses atrás, en los comienzos de Mansilla, fue cuestionado en la Comisión de Seguridad por los vecinos a la raíz de un video que circulaba en internet de él disfrazado de mujer con ropa decomisada en la dependencia municipal. Pero la presidenta de dicha comisión, Mercedes Taurizano, pareció no recordarlo, porque no emitió ninguna objeción.
Elizalde reconoció que Mansilla tiene más de una denuncia en la fiscalía y se advirtió cierta sorpresa por las repercusiones del accionar del ex Secretario. En función del accionar de Mansilla constan actas labradas por el personal municipal del área de Fiscalización Tributaria, como la correspondiente al parador de Caras, cuyo titular, el Sr. Cuño, afirma haberle pagado a Mansilla, Otegui y Damiani la publicidad y el uso del espacio público. En conceptos de los ítems mencionados, recién ayer al mediodía se registró el pago con una transferencia de $ 105.186, confirmó Silvio Quagliatini, agente municipal asignado al área.
Por su parte Roberto Baena dijo que “el consejo desde el Municipio a los damnificados es que realicen la denuncias judiciales”.
La compra de las ocho camionetas (seis Ford Escort y dos Ranger) sin licitación pública fue explicada por el director de Compras, Walter Quiroga, que argumentó cuatro herramientas básicas para la adquisición. El Decreto 220/14 que determinó la emergencia en materia de seguridad pública en la Provincia, dictada por el Gobernador. La adhesión a dicho decreto resuelta por el HCD de Pinamar. El artículo 156 de la LOM. Y finalmente el pago con el mejor preció de plaza.
Los puntos fueron rebatidos por los concejales Paso (FR) y Ventoso (UCR) que argumentaron la inexistencia de la facultad de comprar en forma directa por parte del Estado municipal en el Decreto 220/14. Así como el mencionado artículo de la LOM. El debate viró hacia lo interpretativo de las normas.
La Dra. María Julia Fasanela explicó al respecto de esas compras que el máximo organismo de control de los municipios como el Tribunal de Cuenta aprobó las Rendiciones de Cuentas de los años 2011 y 2012. Recordemos que uno de los puntos de destitución de Blas Altieri fue la compra de un auto de alta gama para uso personal en 2011.
Ventoso, por su lado aclaró que las normas “no habilita a sortear las licitaciones públicas”.
El Municipio cuenta con 20 vehículos para la seguridad contabilizando Guardia Urbana y Seguridad en playa. Al respecto el intendente explicó que en tratativas con el Ministerio de Planificación Federal se estaría proyectando la creación de un taller mecánico municipal y una estación propia para cargar combustible. En este sentido la semana que viene Elizalde se reuniría con el ministro Julio De Vido.
El Intendente reconoció con preocupación la denuncia de un integrante de la colectividad boliviana que posee un comercio y que fue intimado a pagar una coima a un efectivo policial. Esta información circulaba desde hace tiempo sin que hasta ahora se evidenciara.
Por otro lado se refirió a los trascendidos respecto de su renuncia que provocan constante desestabilización. Señaló a pasquines de internet mal intencionados y a empleados municipales que aún no han sido identificados que publican por internes los comentarios engañosos.
“Soy honesto y voy con la misma impronta. Yo sigo por el mismo camino” dijo Elizalde. Y aclaró: “Nos va a llevar tiempo pero los vamos a sacar -del Gobierno-, están enquistado. El poder económico y es muy fuerte”.
Cuando Ocampo hizo uso de la palabra entre otras consideraciones al referirse a la crisis política que atraviesa el Gobierno e incluirse como legislador, el comentario no fue bien recibido por Elizalde que no reconoció tal crisis.
Ocampo apoyado por el resto de los ediles, solicitó también el “inventario de transferencia” del área de Seguridad que se debió realizar tras la renunciar el Secretario de Seguridad. El funcionario que tiene la firma hasta que se designe uno nuevo es Sebastián Damiani que luego de basilar ante la petición terminó accediendo.
Ventoso, por su lado, preguntó sobre el Decreto 2106/14 que determinaban en 400 módulos en el metro 2 de publicidad en cartelería y el segundo Decreto 2321/14 que corrigió los módulos y los redujo a 250. Figueredo respondió que se habían dado cuenta que era muy alto el monto ya que debían aplicar el 35% de aumento de acurdo a la proyección presupuestaria elaborada por el Gobierno. El concejal de la UCR aclaró que no cuestionaba la decisión política en la rebaja. Aunque no la compartía. Pero en el contexto y todas las circunstancias que rodean a la contratación de la cartelería se presta a la desconfianza.
En medio del debate, Ventoso mantuvo un fuerte entredicho con el funcionario Roberto Baena.
Finalmente Santini volvió a ofrecer la ayuda a la fiscalización de la cartelería. Entonces se acordó afectar a toda la guardia urbana para que fiscalice con la coordinación de Rubén Siste, y con la colaboración de Oscar Pérez de Prensa para que fotografíe las infracciones. Los concejales ofrecieron su ayuda y se decidió que se conformarán equipos para conseguir el objetivo de una mejor fiscalización y cobro de las publicidades y uso del espacio público.
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