El debate

MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIO DE GUARDAVIDAS

Reunión en el Concejo sobre la municipalización del servicio
de guardavidas 

En su alocución Espinach sostuvo que la diferencia financiera que debe absorber el  Municipio es de 10 millones de pesos (estos se incluirían en el canon de playa), cifra que se sumaría a los 16 millones de presupuesto que hoy se destinan a la seguridad en playa.  Al mismo tiempo aseguró que “las ventaja económica es aún para el sector empresario”. Estas declaraciones generaron el rechazo de Gustavo Gorosterrazu que presentó fotocopias de los recibos de haberes de los guardavidas a su cargo, y manifestó que existe “negociaciones” con los trabajadores.  Precisamente en este punto el representante de los guardavidas hizo hincapié y se refirió a las declaraciones del presidente asociación y la implicancia de la palabra “negociación” por encima de los derechos laborales. A esto se sumó  la advertencia de especulación que existe con la cantidad de profesionales que se contratan por balneario,  la ocupación real del espacio público, y la judicialización  contradiciendo la ley que exige un mínimo de un guardavida por cada 80 metros.  

Marcela Crespo tomo la palabra y dijo “estar de acuerdo con la municipalización, pero no de esta manera”. Dio como ejemplo su balneario y planteó que si un balneario cuida a 2.000 personas, por qué deben pagar por las 250.000 personas que vienen a Pinamar”.

Rosario Avendaño, muy empapada en el tema, solicitó que “al proyecto se sume la estructura de costos que insumirá la Municipalidad. Porque más allá de los honorarios, que serían solventados por una tasa a los concesionarios, se requiere de más personal para la supervisión”. Agregó que “hoy existe un gran equipo de trabajo, el cual coordina la labor entre los públicos y los privados”. Y aportó que fuera de la  temporada se pueda, como en otros lugares, establecer zonas permitidas para ingresar al mar”.  Por último aseveró: por un lado lo bueno del proyecto sobre la municipalización,  y por otro requirió un mejor análisis, sobre todo en el terreno legal.

La antigüedad conquistada por cada trabajador en el sector privado fue otro punto de debate. Por su parte Espinach aseguró que “no existe conflictividad. Porque sería voluntario”. El concejal electo de PropPina, Martín Viotti le replicó que no existe certificación de renuncia al derecho de antigüedad. Fue entonces cuando el edil del MUPP, Martín Rapallino, propuso consultar a la Asesoría General de Gobierno para tener un panorama claro de las acciones a tomar.

Fernando Ávila del bloque de la UCR, difirió sobre la declaración de Espinach en relación a su intención de “salir de la reunión con un llamado a Mayores Contribuyentes”. El edil indicó que era necesario realizar varias reuniones y mucho análisis antes de arrojar un resultado.  Tampoco acordó con Crespo sobre que había que resolver primero el tema frente marítimo. Para él la cuestión es un todo y debería tratarse en su conjunto.