La sesión empezó pasadas las 10 y 30 de la mañana y el primero en tomar la palabra fue el concejal de ProPin, Martín Viotti que aclaró la postura del bloque basándose en ladelicada situación por el retiro del servicio escolar por parte de la empresa y la responsabilidad del DE en la falta de fiscalización. Al mismo tiempo estableció que si bien el aumento era factible producto de la inflación, también era cierto que la empresa no había presentado la documentación necesaria. Mocionó un cuarto intermedio para consensuar la votación.
Luego del cuarto intermedio el concejal Edgardo Paso pidió la palabra para diagnosticar que el Concejo padece el “síndrome de Estocolmo”. Ya que siempre se cede ante las presiones de una empresa que no brindó informes veraces. “No puedo comprobar el aumento de costo –dijo Paso-, porque los ítem mencionados son subsidiado por la Nación. Con subsidio, como fue el del año pasado, de 4.900.000”. Agregó:“Esta película ya la vi”. La realización de la audiencia pública fue otro de los factores claves de la negativa de Paso junto a otros ediles y responsabilizó, como sus pares, la falta de fiscalización del Departamento Ejecutivo. También se refirió a las “anomalías contractuales”.
El concejal, Alberto Germain (Kolina-Proyecto Nacional), habló por él y su “consorte de bancada”, Juan José Dos Santos, así lo expresó. “Pareciera que este aumento tiene que salir por cansancio, Pero esto no puede salir así”, dijo Germain y agregó: “Hay que ponerle un límite a este sistema”. Compartió la necesidad de realizar la audiencia pública y apuntó todos los cañones contra la empresa, calificándola de “no tener ningún tipo de responsabilidad social”, debido a “su imposición”. Fue benevolente con el DE refiriéndose al pasar sobre la responsabilidad gubernamental estableciendo: “No lo puede hacer la empresa por más que el Ejecutivo lo deba hacer cumplir (las cláusulas contractuales)”. Descalificó el argumento expuesto por Montemar de que “los costos estén atados al dolor”. Revalidó la audiencia pública como “la puerta democrática para que la gente se exprese”. Al igual que todos no negó el posible aumento, pero no en estas condiciones. Pese a los sólidos argumentos Germain adelantó la decisión del bloque de abstenerse junto con su compañero de banca y el concejal del MUPP. Ante las críticas, en una segunda, intervención dijo que la abstención era la correcta decisión y que ella contenía dos mensajes, uno para la empresa y otro a la población.
“No es nuestra culpa sino del Departamento Ejecutivo” dijo Rosario Avendaño (ProPin). Y aclaró que “no querían votar el aumento en estas condiciones”. Se refirió a la problemática de los chicos y a la responsabilidad del DE por no fiscalizar. Además, propuso realizar en la próxima sesión una comunicación al DE, intimando a que cumpla con la fiscalización del servicio.
El concejal del Frente para la Victoria, Juan Ocampo, se apegó a las normas existentes, ordenanzas que avalan el informe técnico económico certificado por un contador público nacional que la empresa no presentó. “La audiencia pública es el paso que no podemos obviar” dijo Ocampo. Y en una posterior intervención por las chicanas argumentativas de los votos positivos, Ocampo respondió:“No voy a votar por obligación, sí lo haré por convicción y con la elaboración de un trabajo”. También asumió la responsabilidad de la reiteración de la coacción empresarial. Aclaremos que la empresa por la mañana había restituido el servicio en las escuelas de manera parcial, a la espera de una decisión favorable.
Martín Rapallino (MUPP) fue proclive a mantener la congruencia de la sesión extraordinaria realizada en enero. Coincidió con Ocampo en la argumentación legal y “no cuestionó la razonabilidad del pedido de aumento”. “Mantuvo y sostuvo el traslado del enfoque al usuario teniendo en cuenta que se habla de un servicio público”. Y destacó “el ordenamiento jurídico y el requisito de la audiencia pública y la participación ciudadana”.
El presidente del HC, Maxi Santini, ocupó la banca y tomo la palabra para dejar en claro que “esta problemática que sufre el Partido de Pinamar, es porque el Ejecutivo, no es facultad nuestra, no cumple con las reglamentaciones”. Tanto Santini como Viotti mencionaron que la reunión del viernes, todos estaban de acuerdo con el aumento, y ratificaron la palabra dada.
“Estamos de acuerdo que lo que hace la empresa Montemar es una presión y una extorsión al pueblo de Pinamar”, dijo Mercedes Taurizano (UCR). Pero al mismo tiempo apeló a la “respuesta que se les debe dar a los chicos”. Acordó con la audiencia pública, pero aclaró que lleva un mes y medio su realización. Por otro lado retó a los concejales que estaban convencidos de hacerla (la audiencia) por qué no la solicitaron. “Es tan grave la situación que no está garantizada el retiro de los alumnos. Porque están esperando el resultado de esta sesión”, sentenció la radical. Para ella el desafío se enfocó en responsabilidad. Aunque ello implique aceptar la extorsión de Montemar.
La ordenanza que autoriza el aumento del boleto de colectivo en 1 peso por sección. Se compromete en su artículo segundo a realizar la audiencia pública para el 31 de mayo. Así como en su artículo tercero deja sin efecto el aumento ante cualquier incumplimiento de la empresa.
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