AProA (Asociación Propietarios y Amigos de Pinamar), se ve en la necesidad de publicar esta carta abierta frente a la situación planteada en los últimos tiempos respecto del tratamiento de nuestro maltratado Frente Costero, con el fin que los antecedentes de esta problemática no sean olvidados y sirvan para no caer en una nueva trampa que prolongue en el tiempo indefinidamente la solución de esta problemática.
No nos cabe duda alguna que hay sectores de interés que pretenden postergar las obligaciones que emergen de las ordenanzas vigentes que indican qué hacer con nuestras playas, como así también que esos sectores que cuentan con referentes tanto en cargos de relevancia en el Municipio como en el Consejo Deliberante, tienen objetivos subalternos sin duda con metas netamente económicas sin importarles el futuro de la playa.
Haciendo un poco de historia, en el año 2007 por iniciativa del intendente Altieri se promulgó la ordenanza 3510/07 que prorrogaba por tres años, las mal llamadas concesiones de playa, dado que eran y siguen siendo solo permisos precarios.
Esta ordenanza, de la prórroga apuntada, exigía el cumplimiento de varias obligaciones, como ser: el canon a abonar, la exhibición por parte de los ‘concesionarios’ de un libre deuda, de conectarse con la red de agua corriente y/o cloacas, que la publicidad para terceros podía ser solamente la impresa en las sillas y sombrillas, la prohibición de eventos que alteren la tranquilidad del lugar y de su entorno, el ir demoliendo en forma gradual toda superficie edificada hasta llegar en el año 2010 a que no supere los 150 metros cuadrados, el ejecutar enquinchados, el proveer anualmente perfiles altimétricos de la playa y el demarcar los límites de los balnearios y todo esto sería controlado por la Fundación Ecológica Pinamar, que jamás se hizo cargo de tal control haciéndoselo saber a las autoridades, pues no contaba con los elementos para hacerlo, no tenía poder de policía ni tampoco había sido consultada al respecto, ni convocada por nadie a esos efectos.
A fines del 2009, frente al manifiesto incumplimiento de todas y cada una de estas obligaciones, radicamos una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Dolores a cargo en aquella época del Fiscal titular Dr. Gustavo García que tramitó bajo la Investigación Penal Preliminar N°03-03-002683-09 donde le imputábamos a los funcionarios responsables, el incumplimiento de sus obligaciones, delito contemplado en el Art. 248 del Código Penal por no haber mínimamente controlado las obligaciones que emanaban de esa ordenanza.
Fue así como luego de una dura batalla contra la clara intención ‘proteccionista de la justicia’, principalmente para con el ex intendente Altieri y demás funcionarios, se llegó a acreditar el total incumplimiento de esas obligaciones por parte de esos mal llamados concesionarios y la inexistente actuación de las autoridades de turno en lo que se refirió a exigir tales cumplimientos. Vale recordar que fue la propia Municipalidad que por escrito reconoció en el proceso penal mencionado dichos incumplimientos.
Esta ordenanza 3510/07 fue solo una burda maniobra para intentar legitimar la prórroga por tres años más a los permisionarios de nuestros balnearios, sino sirvió fundamentalmente para que nada se hiciera en procura de la recuperación de nuestras playas.
Previo a este episodio vale que la comunidad toda recuerde que con fecha 3 de noviembre del año 2005, el intendente Altieri había contratado a la Universidad Nacional de La Plata, representada por el Arq. Bono y todo un equipo de profesionales, nos indicarían cuál era la solución para la problemática costera.
Nuestra Institución ha denunciado desde aquella época que toda esta gestión encargada al Arq. Bono y su equipo fue en sus inicios lo que supuestamente el ex intendente Altieri y sus colaboradores pretendían utilizar para legitimar esos objetivos subalternos a los que nos hemos referido al inicio, entre el que se destacaba el de transformar nuestro frente costero en una mole de cemento.
Hoy día, se está recreando toda esa vieja historia que estamos recordando, porque nuevamente se está tratando de dilatar lo que la normativa vigente le exige a los administradores de Pinamar y que consiste lisa y llanamente en reformular nuestras playas de la mano de dicha normativa que tiene su base técnica en lo que arribó el Arq. Bono y su equipo (mientras se lo permitieron, puesto que su trabajo fue abruptamente neutralizado por el ex intendente Altieri y su gente cuando, advirtieron que las conclusiones no iban de la mano de sus intereses), al igual que los posteriores dictámenes de la OPDS y de la Fiscalía de Estado .
Es así como ahora lo que se iba a llevar a cabo en este invierno en nuestras playas parece ser que no va a suceder y nuevamente aparecen, ‘equipos de asesores’ o cosas por el estilo que ya están asegurando que emitirán dictámenes a dos años vista, es decir, nuevamente entramos en la rueda sin fin en la que venimos dando vueltas desde hace prácticamente diez años. Y esa rueda sin fin sigue siendo acompañada, como ya dijimos, por los funcionarios de turno en lo que oh casualidad siguen estando presentes algunos de ellos en puestos relevantes de la administración actual de Pinamar.
Frente a este recordatorio y frente a los hechos de la actualidad, PINAMARENSES SAQUEMOS NUESTRAS PROPIAS CONCLUSIONES.
Dr. Osvaldo Crisci Ing. Enrique Mitchelstein
Secretario Presidente
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