La disposición fue el resultado de una polémica que se inició cuando la concejala, Mercedes Taurizano (UCR), denunció en sesión una irregularidad de la empresa “Pino Amarillo”, propiedad de Alejandro Berro Madero, que se ubica en el predio, frente a la Terminal de Ómnibus de la ciudad, sin referencia catastral y sin habilitación (ver nota aparte).
Esta situación se desprendió por un pedido de comunicación del bloque del FpV al DE, sobre la obra de la nueva sede de Turismo de 2 millones y medios de pesos que realiza Berro Madero bajo la dirección de la Arq. Inés Somaloma.
Berro Madero ofendido por la exposición de Taurizano publicó una solicitado en los medios: El Mensajero de la Costa y Pionero. Al mismo tiempo envió una carta documento a la concejala radical.
Los ediles se solidarizaron con la legisladora, y casi todos tomaron la palabra para expresarlo. Taurizano insisto con una frase que ya anunciara a PinamarInfo: "Ante una irregularidad es mi obligación como concejal velar por el bien común de la población”.
El decreto señala las prerrogativas constitucionales y legales que poseen los concejales al momento de denunciar.
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