jueves, 23 de mayo de 2019

El derecho a estudiar


LA ESTUDIANTE YAMILA GALASSO TOMÓ LA PALABRA DURANTE UNA SESIÓN EN EL CONCEJO DELIBERANTE Y LES SEÑALÓ A LOS EDILES LA INACCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA DE ELLOS MISMOS EN LO QUE RESPECTA A LAS GARANTÍAS DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PODER ESTUDIAR

El 22 de mayo el Concejo Deliberante se convocó en sesión especial para tratar el proyecto de Ordenanza del  llamado a licitación pública del servicio de  transporte público de pasajeros de Pinamar  y el proyecto de resolución del boleto estudiantil. Una estudiante pinamarense dio una clase cívica a los ediles y reclamó la falta de acción del Departamento Ejecutivo. Recordemos que la licitación del servicio debió realizarse en el año 2016.   

Según la sanción de la ley 14.735 dispone “la gratuidad en el territorio bonaerense del transporte público de pasajeros que  alcanza  a los estudiantes pertenecientes al nivel inicial, primario, medio, terciario, superior universitario, formación profesional y bachilleratos populares, que acrediten su condición de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”. La mencionada ley no está vigente porque la gobernadora de María Eugenia Vidal aún no reglamentó la norma.

En la sesión, aprovechando un cuarto intermedio, la estudiante de segundo año de la Escuela de Arte de Madariaga, Yamila Gisele Galasso, tomó la palabra y declaró las vicisitudes que atraviesan los estudiantes que viajan a General Madariaga para completar el ciclo de formación, ante la visible incomodidad de los ediles del oficialismo.   

“La inquietud que me trae hoy, no es solo por el reclamo del “Boleto Educativo Gratuito”. Sino, por el derecho a estudiar. Por el derecho a la educación y al conocimiento, que es un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. (Art 2°, ley 26.206). Este año creció la condición de este derecho, no solo en lo económico en cuanto al acceso al transporte, sino en las pésimas condiciones que se viaja”.

Galasso en representación de  sus compañeros  señala  que la política está cada vez está más dividida y el relato es el mismo desde el año 2016. Lo único que cambia, es el tiempo y que en las movilizaciones se sumamos cada vez más. Los derechos humanos están siendo perjudicados. La no información correcta es parte de la política y es responsabilidad  de ustedes buscar soluciones y apoyar a la educación”, subrayó Galasso.


La estudiante se remitió al  Artículo 1 de la Ley 18.695: La Municipalidad es una corporaciones autónomas de derecho público, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso, económico, social y cultural de las respectivas comunas.
“Esta función no tiene fuerza en las acciones que realizan el Municipio y la falta de interés” declaró Galasso y narró los hechos sucedidos el lunes 20 de mayo cuando la misma secretaria de Educación d ela comuna, Claudia Gómez Csta: “no sabía del descuento que nos hacia Montemar, tampoco que se cobraba la primer tarjeta al nivel primario y secundario. No tenía idea de la venta de la empresa Montemar. Tanto para ella como para  Martín Yeza fue una sorpresa. En cambio nosotros como estudiantes teníamos la información. Por lo que se presentó una nota el día 25 de octubre del año 2018, informando sobre las preocupaciones  de la inminente  venta de la empresa y por consiguiente la inquietud de lo que iba a pasar con el descuento que habíamos logrado tras las luchas. Hoy no es una sorpresa, hoy estamos viviendo los errores que se podrían haber anticipado”.

La estudiante indicó  que esperan respuestas desde el mes de abril sobre qué va a pasar  con las tarjetas anteriores que tenían saldo. Además dijo que presentaron un proyecto en el partido de Gral. Madariaga para que cada intendente de cada Municipio  pueda resolver la aplicación de la Ley 14.735 sobre el Boleto Educativo Gratuito en la región.

Finalmente Galasso en representación de sus compañeros dijo: “No vamos a bajar los brazos en esta lucha histórica por la educación”,  y le reclamó a cada representante político que “cumpla con las garantías que debe brindar el Estado”.  

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