Controlar el cumplimiento de las normas, esta es la consigna que reza el video de ProPin para mostrar de manera didáctica las causas de la denuncia penal que realizaron en la fiscalía por el presunto incumplimiento de los deberes del funcionario público contra los funcionarios Sebastián Manrique y Pablo Bertozzi. Este último tío de Yeza.
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| Chiringo ilícito del amigo de Bertozzi |
Los ediles trabajan desde el inicio del periodo ordinario en las diversas denuncias que pesan sobre los funcionarios. Los vendedores ambulantes manifestaron irregularidades en el control y persecución por parte de los inspectores, como la arbitrariedad en la entrega de permisos, incumplimiento de la ordenanza en cuanto a los cupos que le corresponde a los cocaleros, la no implantación de los puestos de reposición exigidos por ordenanza, preferencia con ciertos vendedores ambulantes, permisos truchos y la liviandad en permitir puesto clandestinos de venta de bebidas alcohólicas.
La citación de los funcionarios se realizó en el marco de la Comisión de Asunto Legales (el martes pasado) con un cuestionario pautado. Los funcionarios llegaron con una considerable cantidad de caja que guardaban archivos y planillas, en algo que parecía más una puesta en escena del histriónico Bertozzi, más que del esquivo Manrique.
El interrogatorio se desarrolló con las preguntas incisivas de los ediles y secretarios de ProPin y FpV bajo la mirada benévola de los ediles de cambiemos que por momento se tornaba incomoda.
Con respecto a los puestos de reposición apelaron a que la ordenanza indica los lugares de implantación, una excusa por demás endeble ya que eso es potestad del Departamento Ejecutivo, de hecho siempre fue así y de todas formas lo podrían haber realizado por reglamentación. Pero la intención fue que no funcionara, negando los permisos solicitados con la excusa poco probable de que habían expedido los plazos.
Los fiscalizadores crearon un clima hostil en la playa a fin de tener una excusa concreta para eliminar la venta ambulante y así cumplir los deseos del intendente Yeza y Rafael De Vito.
Pero mientras se transita el camino para volar la venta en la playa los funcionarios aprovecharon las ganancias de mar revuelto con el emplazamiento de los “puestos truchos”. El tema fue expuesto en el plenario de concejales con la débil respuesta de los funcionarios: “NO los vimos”. Se trata de los chiringos clandestinos implantados en la playa de Cariló: uno a la altura del Hotel Marcin y el otro a la altura del hotel Puerto Pitara (propiedad de los padres de Manrique). Estos puestos fueron descubiertos por los concejales del FpV y ProPin a partir de la denuncia de los propios vendedores de playa. En medios de los pobres argumentos de los funcionarios y las actuaciones que se desprenden del expediente se descubrió los vínculos directos que permitieron a los ediles de ProPin presuponer que Bertozzi encubre a un amigo y Manrique a sus padre, teoría que es acompañada por los ediles del FpV.
Los posibles ilícitos
El chiringo ubicado en el Marcin pertenece a un amigo íntimo de Pablo Bertozzi, Matías Astrada Villareal. El chiringo de Astrada funcionó todo el mes de enero sin que ningún inspector de Fiscalización lo viera. La casita de madera estaba a la altura de la pasarela de ingreso a la playa. Difícil no verla. El año pasado el señor Villareal tuvo otro puesto en la playa de Ostende que trabajó durante todo el mes de enero sin problema hasta que lo descubrieron y el 2 de febrero le aplicaron una multa irrisoria impuesta por el Decreto 0268/17. Esta temporada se repitió la historia hasta que los concejales se hicieron presentes en el lugar y denunciaron la venta clandestina. Nunca hubo faja no clausura. Es más se lo intimó a que se corriera hacia el sector privado del Marcin.
Por parte del Subsecretario Manrique el chiringo trucho pertenecía a su padre, Jorge Manrique, poseedor a través de: Demiford S.A., de la cual es apoderado. La venta clandestina tuvo vía libre durante todo el mes de enero y cuando fue descubierto le dieron una prórroga de 10 días para que siga funcionando. No hubo decomiso, ni faja de clausura. La primera acta de inspección N° 000750, se realizó el 26 de enero. En febrero el chiringo clandestino seguía funcionando con total impunidad y una multa de $5000.
Los integrantes de ProPin realizaron una denuncia penal en la fiscalía para que se investigue el accionar de los funcionarios. Por otro lado se prosigue con los pasos administrativos que podían llegar a una interpelación.
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