LA AGP NADÓ EN AGUAS PROFUNDAS Y DEMOLIÓ EL PROYECTO DEL OFICIALISMO QUE PRETENDE REEMPLAZAR LAS NORMAS VIGENTES
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| AGP: Fernando Espinach, Juan Andres Cornide y Perez Pinsone |
La presentación por parte del Departamento Ejecutivo de un nuevo proyecto de ordenanza sobre el servicio de guardavidas público y privado, produjo que la Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) fuera convocada a petición de ello, para refutar uno por uno los artículos de una posible norma que en el mejor de los casos baja el estándar de la leyes nacional, provincial y local, y en el peor, colisiona directamente con los derechos de los trabajadores.
En el marco de la Comisión de Legales presidida por Martín Viotti el agepeista Fernando Espinach y Juan Andrés Cornide explicaron la sorpresa de la AGP por las declaraciones públicas sobre el proyecto de modificación de la ordenanza vigente (OM 3980/15) y las distintas declaraciones de que los guardavidas pretenderían seis meses de actividad contra los cinco determinados por ley. Además aclaró que conocían el proyecto ya que era el mismo que se había tratado y rechazado en Villa Gesell, porque contrariaba la legislación vigente.
“La Municipalidad no tiene idea de la ordenanza que intenta modificar” dijo Espinach y pasó a explicar el contenido del Expediente 4123-3525/15 y el Decreto 2102/16 fechado el 9 de agosto del 2016, por el cual el Intendente Martin Yeza se expidió declarando la nulidad del concurso y el listado de personas que ocuparon puestos de guardavidas en la Dirección de Seguridad en Playa temporada 2015-2016. Las razones del dictamen se basan en “vicios formales y legales en la elección de los postulantes” tal como lo informó el are de Recursos Humanos y “la ausencia de acto administrativos”, según la Asesoría de Letrada. Pero lo cierto es que el análisis del expediente iniciado por Marcelo Demarco se sustentó en una falsa ordenanza (que no existe). Además de ese instrumento publicó Espinach dio a conocer un morando en el que el Secretario de Seguridad le indicaba al Director de Seguridad en Playa de entonces, Germán Sevrain que eligiera guardavidas de una lista preestablecida. La desobediencia a la orden expresa en el documento produjo la automática separación de Sevrain del cargo en plena temporada. El actual es Carlos Morina. A estos se sumó un modelo de declaración jurada que se entrega en la actualidad a los guardavidas ingresantes, en el que el sistema de puntajes difiere a lo establecido en la Ordenanza Municipal vigente 3980/15 con 10 puntos menos.
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| Alejandra Apalonio (Pro) |
Los errores (o desconocimiento) de las autoridades de Seguridad en Playa no cesan. En el último concurso no les dieron el puntaje correcto a los postulantes pinamarenses por lo que quedaban a fuera o muy abajo en listado producto del concurso, para luego declarar que las ordenanzas vigentes dejan sin opciones a los locales. La AGP debió intervenir para subsanar la falta.
Espinach detalló en cada artículo las objeciones de la AGP y llegaba a la conclusión que el articulado estaba armónicamente diseñado para disciplinar a los trabajadores invadiendo incumbencia que se encuentran ligadas al Convenio Colectivo de Trabajo. Por otro lado el proyecto le impone a los guardavidas la obligación a cooperar con la fiscalización, algo prohibido en el las leyes vigentes. También se incorporan mecanismos de control de presentismo, legislado en el Convenio Colectivo de Trabajo. Además se incorpora un registro de oposición, como una herramienta para “establecer quien tiene el derecho de trabajar” de manera discrecional.
La AGP también criticó las modificaciones hechas en el anexo (concurso y puntaje) ya que dejaría cuestiones libradas al arbitrio de los funcionarios. La modalidad se opone a la objetividad planteada por la OM que fue anterior a la ley provincial nacional. En materia legislativa, el Concejo Deliberante de Pinamar fue cabeza de playa con la sanción de las OM 3980. Por lo que para la AGP, la intencionalidad del Gobierno apunta a un retroceso de los logros alcanzados en pos de la excelencia del concurso. De esta manera, la AGP señaló una a una las irregularidades del proyecto que pretende derogar las ordenanzas vigentes por encontrarlas desactualizada, contradictorias y confusas, calificativos que Espinach derrumbó al demostrar que la normas actuales son la base de las Ley Nacional 25155 y la Ley Provincial 14798, que por otro lado la AGP participó activamente en la creación de las leyes. La conclusión fue su rechazo in límine al proyecto, sin que el oficialismo pudiera defender ningún punto.
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