Gacetilla de Prensa del FpV-UC
El lunes en la Comisión de Seguridad y recibimos al agente municipal Ulises Acevedo, empleado que desarrolla sus actividades en el área de Producción.
El motivo de su presencia en el HCD fue la denuncia pública de maltrato y discriminación de parte de una compañera de trabajo, y que ya había expresado en notas periodísticas.
Ulises Acevedo manifestó: “Siento mucho dolor por pasar estas cosas”, no es la primera vez que esta señora me agrede, me dice: “entraste por ciego y por acomodado político”. Y prosiguió: “Con esta señora no se puede establecer una conversación coherente”... “Permanentemente se vive en un clima de agresión e insultos y falta de respeto. No puede ser que sigan pasando estas cosas, uno se cansa y por estos motivos decidí hacer la denuncia en el INADI por discriminación”…
…“El maltrato también se extiende a los contribuyentes y a los vecinos que van hacer trámites a las oficinas municipales donde trabajamos. Recordamos que esta señora fue denunciada públicamente por agredir a un ciudadano en horarios de trabajo, cuando cumplía tareas de tránsito”…., dijo Acevedo
El empleado municipal, además de la violencia y la discriminación de la que es víctima, denunció que quien lo agrede, estaría cobrando horas extras que no trabaja. Al mismo tiempo la agresora y se jacta abiertamente de estar “bancada”, y según Acevedo la mujer alardea: “Nadie me va a tocar porque a mí me banca Juanjo Dos Santos”. Dos Santos es un empleado que trabaja en la jefatura de gabinete bajo la tutela del intendente Martín Yeza y el jefe de Gabinete, Federico Panzieri.
En presencia de los concejales y la coordinadora del área de Discapacidad, quien repudió el accionar y la discriminación de la señora Sandra Vaca, expresó que “el área correspondiente tiene que tomar medidas urgentes porque no pueden seguir pasando estas situaciones de maltrato”.
El señor Ulises Acevedo reclamó que los responsables jerárquicos del área nunca lo llamaron para ver que sucedía a excepción del señor Pablo De Fillippis y aclaró que en el sector siempre y a pesar de las diferencias tuvieron un trato normal, ameno e integrador, hasta el ingreso de la señora que agravia diariamente a todo el entorno.
El empleado municipal comentó que también entrego notas a la Dirección de Recursos Humanos y a la Secretaria de Gobierno. De común acuerdo, la Comisión expresó que la dirección de personal tiene que tomar las medidas pertinentes, entendiendo que se vienen repitiendo en diferentes áreas situaciones de violencia psíquica y física a agentes con discapacidad en la administración pública, ingresos que se hallan enmarcados en ley nacional que exige el cupo del 4% de acceso pleno.
A las claras, estamos ante un estado que no presta atención al “Cuidado” como concepto de toma de conciencia, por definición propia de programa de integración para con los empleados municipales que tienen alguna discapacidad. Y por lo tanto nos preguntamos:
¿Dónde está el Estado ante tantas denuncias por maltrato en el seno mismo de la administración pública?
¿Cuál es el límite de lo tolerable para aquellos vulnerados en sus derechos cuando el Estado es su empleador?
¿Quién garantiza a cada ciudadano el cumplimiento irrestricto de las leyes en materia de inclusión, si el Estado mira para otro lado?
Desde nuestro espacio tenemos claro que hay que accionar y generar procesos de alertas tempranas con los responsables jerárquicos de cada área ante situaciones de discriminación. Erradicar cualquier forma y tipo de discriminación es un compromiso del Estado en todas sus áreas y que el Ejecutivo debe cumplir.
La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana acordó convocar a las áreas pertinentes para seguir tratando este tema sensible que tanto nos preocupa, y tomar las medidas que hagan falta o sean necesarias para erradicar la violencia en todas sus expresiones. Exigimos que quienes tienen la responsabilidad se hagan cargo de las medidas necesarias que haya que tomar, entendiendo que el Estado es quien debe tener un carácter ejemplificador en cuanto al concepto de integración y respeto por las normas nacionales y tratados internacionales contra de todo tipo y forma de discriminación.
NINGUNA BANCA POLÍTICA PUEDE PERMITIR LA DISCRIMINACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
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