Ganó la Emergencia Tarifaria

EN UNA SESIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE APROBÓ LA ORDENANZA QUE DECLARA LA EMERGENCIA TARIFARIA EN EL PARTIDO PINAMAR. UN LARGO DEBATE Y UN PROBABLE VETO PROMETE MAS CAPÍTULOS. EN MEDIO SE APROBÓ LA LICENCIA DE YEZA, DE VITO ASUME EL 14 DE MAYO. 

La presidenta  de HCD Gabriela Ferretti
y la secretaria Lurdes Villegas

Primera Sesión ordinaria 20 de abril de 2018

El concejo aprobó la licencia de Martin Yeza al frente de la Intendencia desde el 14 de mayo al 2 de junio del 2018. En su reemplazo asumirá la función de jefe comunal de Pinamar el concejal Rafael De Vito.

Ante la presencia de muchos vecinos se solicitó el adelantamiento del punto que debía tratar el proyecto de ordenanza la “Emergencia Tarifaria” de la luz, agua corriente y gas, impulsada por el bloque Frente para la Victoria- Unidad Ciudadana y acompañada por el bloque de ProPin.

El proyecto consta de seis artículos concretos y un séptimo de forma. El primero enuncia “Declarar la Emergencia Tarifaria en materia de servicios públicos de distribución eléctrica, redes de agua potable y servicio de gas natural en el Municipio de Pinamar por el lapso de 1 (un) año a partir de la sanción de la presente”.

El debate, que tuvo la participación oral de los ediles de los tres bloques con la excepción de Rafael De Vito y Javier Pizzolito (de Cambiemo), se concentró en las formas. El hecho de que sea una ordenanza y no una comunicación tal como mocionó la concejala Nora Ponce en sintonía con Cambiemos o en su defecto una resolución, como la sancionada el año pasado, Resolución Nº 1174/17, en la que también se declaró la emergencia y se le “recomendaba al Departamento Ejecutivo  que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso los servicios públicos esenciales a todos los habitantes de nuestro Municipio. Y Gestionar ante el Ejecutivo Provincial y Nacional la suspensión de los aumentos vigentes y la prohibición de nuevos incrementos durante el año 2017”. La norma cayó en saco roto.

El difícil cumplimiento de la norma fue otras de las trabas expuestas por Augusto Urrizola ya que se trata de cuestiones sin competencia municipal, en el caso de la gas depende del gobierno nacional y la luz del provincial. Sin entender que los tres poderes pertenecen al mismo signo político y la recepción de los intendentes sobre el abuso tarifario es más directo, y proporcional el eco que se puede realizar hacia la nación y la provincia. El concejal de origen radical intentó ridiculizar el texto de la norma indicandolo de copia y pegue por algunos considerandos y artículos. A esto el concejal del FpV – UC, Gregorio Estanga le respondió  “Esto no es la República de Pinamar y como tal el proyecto es el compromiso de cada legislador del FpV-UC a nivel nacional, provincial y municipal. Esto no es una copia y pega. Esto es convicción y compromiso con la comunidad con cada vecino nos hayan votado o no”.

Tanto la concejala Nora Ponce como Camila Merlo propusieron desviar la manda al intendente (que rezaba la norma) hacia la Dirección de OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor). Oficina que hoy se encuentra en manos de Pablo Bertossi (tío del intendente Yeza) que a su vez ostenta la Dirección de Fiscalización en medio de denuncias. La OMIC ha brillado por su ausencia en todo los que se refiere a la atención al vecino. La objeción de las edilas se refería al artículo tres de la norma que establece una comisión legislativa para atender y orientar a los vecinos. 

Por parte de Cambiemos la primera en tomar la palabra fue Alejandra Apolonio defendiendo los aumentos bajo el argumento de que “hemos pagado la energía más barata (sin establecer comparaciones estadísticas). El aumento no disciplinó el consumo de las tarifas. Tenemos que consumir menos”, sentenció la edila ante la sutil pero evidente gesto adusto de Urrizola y Ventoso, advirtiendo lo políticamente incorrecto del comentario en semejante contexto.

Marcela Uhrig respondió a la edila de Cambiemos, sobre las críticas al gobierno de los Kirchner en los errores que incurrieron en materia energética y los subsidios. Uhrig dijo: “No fue un error. Fue política de Estado. Los 25 mil millones de pesos invertidos en materia energética en la década pasada se contraponen con los 21 mil millones de dólares que el gobierno nacional destina para pagar intereses de las Lebac subsidiando los que se dedican a la timba financiera.

Lucas Ventoso, en una posición muy incómoda impuesta por las vueltas de la política partidaria, partió de la curiosidad del escenario en el que se daba el debate: “No importan los argumentos cuando las posturas fijadas no se van a poner de acuerdo”. Señaló a la militancia kirchneristas  de “dogmática y de moverse a través de  actos de fe. No es racional”, dijo en medio de un discreto abucheo de la tribuna y el grito de una vecina: “¡No somos todos kirchneristas!”. El edil  intentó proponer, con la moción de bajar el proyecto a comisión, el enriquecimiento del mismo apuntando “a las causas”. Lo cierto que para los presentes (según la humilde mirada de esta cronista) y para los ediles no quedó clara  la propuesta; lo que suponían que se orientaba más a diluir el proyecto, al pasarlo a comisión, que concretar aportes.

Daniel Bermúdez, presidente del bloque ProPin, en nombre de su bloque “coincidió con el espíritu del proyecto”. Y recordó que el espacio realizó acciones desde el año pasado y recurrió a la justicia con la presentación de un amparo que fue legitimidad por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires garantizando el acceso a la justicia, a la vez se pronunció por el que se haga lugar a las pretensiones de Pinamar, Villa Gesell, Dolores y General Madariaga. En la presentación la Defensoría “solicita la nulidad de la Resolución N° 74 E/2017 dictada por el Ministerio de Energía considerando a la misma arbitraria, carecer de motivación y transgredir el principio de razonabilidad que debe preceder al dictado de toda decisión de la Administración Pública”. El juez de la Cámara Federal interviniente es  Alberto Osvaldo Recondo, quien negó el amparo, bajo fundamentos más políticos que jurídicos.

ProPin mocionó agregar un artículo por el cual se solicita la insistencia sobre la declaratoria de “Pinamar zona fría”. Que si bien fue rechazado en primera instancia también es cierto que en la presentación judicial de Asesoría Letrada faltó documentación para alcanzar la medida.

El pase a comisión fue desaprobado y la ordenanza se sancionó por mayoría de los votos de los bloques de ProPin y FpV- UC. Si bien Ponce acompañó a Cambiemos en la solicitud de que la norma sea una comunicación, finalmente votó de manera afirmativa el proyecto en general, aunque se negó a introducir el artículo de declarar a Pinamar zona fría.

Algunos en sesión adelantaron el veto de la ordenanza por parte de Yeza.