LA SAGA DEL DORADO: LOS INVOLUCRADOS MUESTRAN LO BIZARRO DE LA CORRUPTELA PINAMARENSE, AHORA SE LE SUMA UNA DENUNCIA POR FRAUDE EN EL SUMINISTRO DE LUZ Y LA PRESENCIA DE UNA FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD REUBICADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. UN LUGAR QUE NO ES APTO PARA ALBERGAR MENORES
Por el mes de octubre del año pasado PinamarInfo publicaba la primera nota de la saga correspondiente al hotel “El Dorado (ubicado en la calle Moreno 618 de la localidad de Mar de Ostende) y los policías fantasmas”. En esa oportunidad nos hacíamos eco del portal de noticias Urgente 24, que explicaba la posible estafa en la que funcionarios municipales mediante apertura de expediente consignaban un contrato por el cual se pagó la suma de 38.000 pesos mensuales, entre el 1de mayo y el 31 de diciembre en concepto de hospedaje para los 80 efectivos de la Policía bonaerense que colaborarían en la ola de inseguridad. La particularidad era que el Gobierno municipal, abonó esa suma sin que se registrara el arribo de la delegación policial para reforzar la dotación total de 159 miembros de la Jefatura Departamental XIII de Pinamar.
La denuncia penal se radicó el 24 de septiembre en la Fiscalía de Pinamar por el concejal de la UCR, Lucas Ventoso. Pero la causa quedó a cargo del fiscal de Villa Gesell, Eduardo Elizarraga, porque el fiscal local, Juan Pablo Calderón, debió excusarse, ya que la secretaria del juzgado, Ximena Soledad Fiad es la mujer de Damiani (funcionario municipal).
Los involucrados en el hecho son los ex secretarios de Gobierno: Juan José Rodríguez y Sebastián Damiani; el comisario inspector, Jorge Ramón Galeano (quien solicitó la contratación); el ex intendente (renunciante), Hernán Muriale; el ex director de la Guardia Urbana, Oscar Ibañez y el actual intendente, Pedro Elizalde. Este último, según consta en el expediente, firmó el 11 de abril el decreto 0711/14 que declaró a esa contratación de “Interés municipal”.
Quien objeto la contratación por las graves irregularidades fue la contadora municipal, Norma Reynares. La funcionaria notificó al intendente Muriale a través de un escrito oficial: “Teniendo en cuenta que el período de contratación es a partir del 1º de mayo, los contratos se firmaron el 19, la orden de Compras el 15 y el registro del compromiso el 21, se observa la tramitación por infracción a las normas del primer párrafo (Art 123 del reglamento de Contabilidad y Art 45 de las disposiciones de Administración de los recursos financieros y reales de los Municipios.)”. Pero esto no impidió que las actuaciones siguieran adelante. Al mismo tiempo la contadora habría sido hostigada para que firmara la aprobación.
Las actuaciones administrativas de la contratación del hotel constan en el Expediente 4123-1202/14, caratulado: “Cobertura del Plan Director de Seguridad de Emergencia Provincial”. Y se llevó adelante en el marco de Emergencia de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires decretado por el gobernador Daniel Scioli.
En la segunda nota, PinamarInfo informaba sobre la comunicación aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, por la cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo un informe sobre todo lo referido a la contratación del “El Dorado” por un valor total de 304.000 pesos. A esto se sumaban los $ 57.000 pesos de transporte, según las constancias administrativas que existen en el citado expediente. Tanto el Concejo como la denuncia se basan en que de la documentación y los hechos prácticos se desprende que "El Dorado" jamás fue ocupado formalmente como alojamiento en forma permanente de 80 efectivos policiales”.
Luego, en una tercera nota, aparecía en escena Mario Barreiro, el copropietario de Carlos Paganini. Este último es el que consta en el expediente como único responsable de la propiedad y con dotes de adivino, porque presentó el ofrecimiento del hotel antes que formalizara el expediente y la solicitud. Barreiro fue puenteado por Paganini y José Fons (de la inmobiliaria Fons y Asociados), el mismo que consta en el documento administrativo como consultora inmobiliaria, a foja 11 aseguraba el precio de mercado. La muestra de la conveniencia de Fons y su participación es el correo electrónico que Barreiro tiene en su poder. Por el cual para disolver la sociedad con Paganini le ofrecían en parte de pago una propiedad ubicada en Fragata la Victoria y Libertador, la misma propiedad que Luis Giuliani (padre e hijo) denunciaban por estar usurpada y que informara este medio.
En el mes diciembre (fecha de publicación de la nota) Barreiro denunciaba que el hotel estaba usurpado y el propio Paganini también sería una víctima. Esta situación se debía a que el contrato con el Municipio era absolutamente precario y carente tanto de derechos, como de obligaciones. Además acreditaba que tampoco existían “órdenes de alojamiento” de los pasajeros. Es decir “los policías”. Y a los pobres efectivos que se alojaban les cobraba alrededor de 100 pesos por días en concepto de la limpieza.
Barreiro no solo involucraba a Fons en la estafa, sino también al concejal de Kolina, Juan José Dos Santos a través de los dichos del inmobiliario. Al igual que el martillero Dimas Rodal, cuando denunció la ocupación de una propiedad que él tenía a la venta por parte de Fons. Tanto Rodal como Barreiro manifestaron a esta periodista que Fons aseguraba “tener banca” por intermedio de Dos Santos ya que su mujer, Andrea Rios, trabaja y es la mano derecha de Nora Ponce, secretaria de Desarrollo Social (administración Elizalde) y mujer del edil mencionado.
En este capítulo se incorporó Carlos Mansilla, ex secretario de Seguridad (separado de su cargo en medio de un escándalo con el STMP). Cuando Mansilla arribó a Pinamar para hacerse cargo de la Secretaria, ya en la gestión de Elizalde, había ubicado a “sus muchachos” en el hotel, así como a una mujer que regentea el hotel, Paola Spatafora, la que “pretendía hacerse acreedora de unos puntos en la sociedad”, así lo narraba Barreiro. La hija de Spatafora, Bianca, ingresó a trabajar en las cámaras de monitoreo cuando Mansilla introdujo su gente en el Municipio y fue denunciado, entre otras cosas por el STMP.
Para entonces corría la segunda mitad del mes de diciembre, cuando la Dirección de Fiscalización procedió a clausurar el edificio por aguas servidas. El propio Barreiro ya mostraba preocupación por el estado calamitoso en que se encontraba el edificio. La clausura dio como resultado una discusión bizarra entre el Secretario de Seguridad que estaba a favor (aunque sus hombre estuvieran adentro) y su socio Sebastián Otegui, que aun era subsecretario de Seguridad (otro capítulo). Otegui se negaba a la clausura. Gano la clausura que llevo adelante Rubén Siste.
Pero la terrible decadencia edilicia y la faja no impidieron que la secretaría de Desarrollo Social, Nora Ponse, ubicara en el hotel a una mujer y sus cinco hijos en situación de vulnerabilidad, faltando días para devolver la propiedad a los dueños. Demás está decir que la fachada de entrega de juguetes y toallones con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, esconde el inadecuado trabajo de inclusión que se ejecuta sin profesionalidad. Y contradice todos los programas que antepone la calidad que no incluye hacer campaña política con la necesidad de la población. Para pasarlo en limpio “El Dorado” no era un sitio para alojar niños. Hoy se encuentra si agua y sin luz ya que el señor Carlos Paganini solicito a la CALP el retiro del medidor de energía eléctrica. Por otro lado ya hay denuncia penal por fraude porque los ocupantes se engancharon del alumbrado.
Si a las pruebas nos remitimos se deduce que el accionar de Paganini es la respuesta a la falta de pago prometida (del Municipio) y se suma los ocupantes no se movieran del reducto. Pero desconocemos bajo qué circunstancias formales el Municipio entregó la propiedad a sus dueños una vez finalizado el contrato de locación. Esta periodista se comunicó telefónicamente en las vísperas del vencimiento del contrato con Sebastián Damiani, que más allá de su acostumbrada amabilidad, su evasiva respuesta no precisó detalles. Entonces todos los presagios de Barreiro se hicieron realidad: la ocupación era un hecho.
Respecto al destino de los 38.000 pesos mensuales en concepto de alquiler, pagado con el erario público, los trascendidos coinciden. La repartida iba a parar a varios bolsillos que ahora se disputan la propiedad. Inclusive se dice que era una dadiva por obediencia debida. Pero eso formara parte de otro capítulo.
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