En la última sesión ordinaria el cuerpo Legislativo, por unanimidad, votó la ordenanza que instruye al Departamento Ejecutivo a incorporar en el organigrama municipal la Dirección de Discapacidad que deberá depender de la Secretaría de Acción Social. El proyecto fue trabajado por la Comisión de Salud, Acción Social, Ecología y Medio Ambiente que encabezan Rosario Avendaño y Juan Ocampo; fue una iniciativa del bloque del Frente para la Victoria.
Pinamar está en deuda con la población que manifiesta algún tipo de discapacidad y la diversidad de este sector recorre todas las problemáticas que atraviesa horizontalmente la estructura municipal. Desde la atención sanitaria, la inserción en el mercado laboral, el acceso pleno a circular, la inclusión en el deporte, la creación de talleres protegidos, el trabajo mancomunado con las instituciones especializadas. Es decir el desarrollo social, en todos sus aspectos que abarca lo económico, lo cultural, lo deportivo. No basta solo con el voluntarismo se hace necesario trabajar en programas y con profesionales que lo puedan llevar adelante con responsabilidad e idoneidad.
Por otro lado el concejal Ocampo, en el mes de mayo, instó al intendente a convocar al Consejo Municipal de Discapacidad, la otra pata que hace a la participación y al crecimiento en la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad.
Las discapacidades pueden ser transitorias o permanentes y esa realidad puede franquear a cualquier individuo. Por ello el Estado debe garantizar la igualdad en todos sus aspectos porque se trata de “Derechos Humanos”.
Previo a la sesión, Prensa del HCD informó que los integrantes de la Comisión recibieron al secretario de Acción Social, Juan Santoiani, y parte de su equipo; también participaron la Cooperadora de la Escuela Especial y miembros de la institución PAC que asistieron a dar su apoyo al proyecto de ordenanza que el Concejo horas después aprobaría.
El concejal Ocampo dijo que “el proyecto se trabaja desde hace un mes, y que resulta necesario incorporar a todos los actores del tema. Si bien no está de acuerdo con un incremento de la planta de personal, es necesario hacer una inversión en la cuestión de discapacidad”. Y aclaró que las modificaciones en el presupuesto son para el próximo año. Al mismo tiempo los asesores del bloque del FpV especificaron que “el objetivo consiste en darle una herramienta al Departamento Ejecutivo para que pueda agilizar y abordar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias”.
Por su parte la concejal de ProPin, Rosario Avendaño, expresó que “no hay que olvidarse de la dignidad de los discapacitados. Porque si no se cae siempre en las pensiones”.
Objetivos de la norma
a) Igualar las oportunidades tanto en el acceso como en la permanencia de personas con discapacidad en el ámbito laboral.
b) Garantizar la inclusión social de personas con discapacidad fomentando su participación en distintas instituciones del Estado, mixtas, privadas, culturales, deportivas y educativas de Pinamar.
c) Involucrar a las distintas empresas e instituciones de la ciudad en el compromiso que implica realizar acciones que permitan el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho.
d) Iniciar un trabajo en red con las instituciones y empresas locales que empleen a personas con discapacidad a fin de asesorarlos sobre la legislación vigente en materia laboral, brindarle la contención necesaria y realizar un seguimiento.
e) Establecer con el Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social del Gobierno de la Nación, vínculos a través de programas de inserción laboral para trabajadores con discapacidad y grupos vulnerables.
f) Articular con las áreas municipales correspondientes y con otras instituciones de la comunidad, como el Colegio de Arquitectos de Pinamar, proyectos que permitan hacer de Pinamar una ciudad accesible.
g) Llevar adelante acciones y la representación de las personas con discapacidad para la obtención de los pases de transporte, al igual que las denuncias correspondientes ante la CNRT en caso de incumplimiento por parte de las empresas.
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